Justicia penal adolescente en Paraguay: desafíos de especialización, privación de libertad y reintegración social

Resumo

El artículo analiza la situación de la justicia penal adolescente en Paraguay, con énfasis en la distancia existente entre el marco normativo de protección integral y las prácticas institucionales. El objetivo general consistió en examinar los principales desafíos y limitaciones del sistema penal adolescente paraguayo y valorar su correspondencia con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Metodológicamente, la investigación se desarrolló como un análisis documental cualitativo de orientación interpretativa, basado en la lectura analítica sistemática de un corpus de nueve documentos normativos, jurisprudenciales, institucionales, hemerográficos y doctrinales, organizado en categorías derivadas de los objetivos, y complementado con la descripción secundaria de registros estadísticos oficiales. Los resultados muestran que la población adolescente privada de libertad descendió de 367 personas en 2014 a 160 en 2023, y que el tiempo de encierro se redujo de una media de entre seis meses y un año a un rango de tres a cinco meses; sin embargo, ocho de cada diez adolescentes recluidos se encuentran en prisión preventiva; el 90 % de los traslados entre centros educativos tuvo carácter sancionatorio; 299 adolescentes fueron trasladados a penitenciarías de adultos, principalmente al cumplir los dieciocho años; y el Poder Judicial no ha constituido tribunales de sentencia especializados en veintidós años de vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia. Se concluye que el déficit principal no reside en el volumen del encierro ni en la voluntad normativa, sino en el uso de la prisión preventiva y en la especialización incompleta del sistema, aspectos sobre los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al Estado paraguayo.